Si yo fuera Urkullu (2)

Primero: Estaría muy de acuerdo en que el perfil de los consejeros sea político. Segundo: No soy de los que creen que con la eliminación de coches oficiales, supresión de viceconsejerías y organismos públicos, (….) se consiga ahorrar mucho dinero; sólo se adelgaza con la supresión de personal y eliminando partidas presupuestarias; pero eso es harina de otro costal.

Los consejeros del próximo gobierno deben tener perfil político. Sin lugar a dudas. Deben de entender de la materia departamental, y rodearse de un buen equipo. A ellos -a los consejeros- le corresponde la venta de su producto. Los presupuestos obedecen a perfiles ideológicos, aunque el mayor porcentaje está ya atado por corresponderse con gastos corrientes que no varían sustancialmente en los gobiernos de uno u otro color.

Si eliminas departamentos -o los fusionas- el personal adscrito a ellos queda ahí, a menudo sin funciones y con las mismas monografías. ¿Qué haces con ellos? Por eso es muy importante un diagnóstico previo. La administración cuenta con personal muy cualificado, aunque pocas veces se extrae de él su verdadero potencial.

Uno de los grandes déficits de la administración es su excesiva jeraquización, el no dar voz a su personal para que opine de la materia que controla. Están para obedecer. Los diagnósticos de contenidos son de empresas externas que no siempre controlan los procesos y necesidades de gestión y administrativas. No estaría de más que se incentivara la participación del empleado público. Los resultados serían positivos en la mayor parte de los casos.

La democratrización de las decisiones aporta un plus a la gestión administrativa, obliga al personal a sentirse útil, a expresar su opinión -sabiendo que puede ser tenida en cuenta-, a mojarse, y a no descargar toda la responsabilidad en instancias superiores “que para eso cobran más” .

El personal que como consecuencia del adelgazamiento se supone es  sobrante, muy bien podría ser readaptado/formado para otras funciones, y asignarle otra ubicación donde es necesaria su presencia. Algo que no sólo habría que considerarlo para el personal de los organismos que vayan a desaparecer, sino también para aquellos que continúen y estén claramente inflados en sus dotaciones.

¿Alguien ha echado cuentas de lo que la Administración externaliza, de las labores que en principio correspondían a los fucionarios, y que por una u otra razón han terminado en manos privadas? ¿Por qué no se hace cargo de esos encargos externalizados el personal que denominamos sobrante?. Últimamente se ha tendido a sacar al exterior trabajos que muy bien podían haberse ejecutado en el interior, con personal propio, sin necesidad de acudir a más empleo público, con los ya existentes.

Tiene sus handicaps, por supuesto. En el exterior, en la empresa privada, te desarrollan el trabajo sin la rigideces de horarios y derechos de los que se ho dotado la administración; te lo hacen, digamos que de un momento para otro, mientras que los empleados públicos tienen su horario, sus vacaciones, sus días de libre disposición, sus permisos, (….) lo que dificulta en exceso los resultados inmediatos. Y además es, casi siempre, más barato. Paa salir del atolladero -y no hemos mentado a los sindicatos- no queda más remedio que hablar del valor añadido que se le supone a la tarea del empleado público.

Yo no me desharía de personal -tampoco contrataría más-, sino que intentaría superar las rigideces, de tal manera que un economista adscrito a una dirección que desaparezca, pueda de inmediato ser designado para el desempeño de otra tarea, sin que las monografías sean impedimento. Los sindicatos, supongo, se echarían las manos a la cabeza, y también mucho personal con mentalidad absolutamente funcionarial, pero es lo que exigen los tiempos que corren: o recortan -personal incluído- o los empleados públicos admitimos ciertas reformas que hasta el presente ni los contemplábamos.

Un pensamiento en “Si yo fuera Urkullu (2)

  1. Estoy en términos generales de acuerdo con el artículo, hay que sacar un mayor rendimiento a los funcionarios, sin embargo, se hace todo lo contrario. El funcionario es considerado en muchas ocasiones una traba para el cargo político, un estorbo en su camino. Una consultoría siempre va a decir lo que quiera el que paga la factura, un ejemplo es el informe de duplicidades en las administraciones, que no lo realizó ningún funcionario sino una conocida asesoría que puso de manifiesto lo que querían quienes le pagaron. No lo ratificó ningún informe de asesoría jurídica y sin embargo el GV lo asumió como propio. Ese informe lo podría haber hecho una asesoría jurídica del Gobierno pero quizás el resultado no habría gustado tanto, y desde luego, se habría necesitado más tiempo para hace algo con rigor no un triste Power Point en el que queda en evidencia que ni siquiera saben del contenido del Estatuto de Autonomía y de la LTH. ¿Como coño va a ratificar alguien con criterio jurídico algo semejante? ¿Lo hicieron rápido? Sí. ¿Decía lo que ellos querían? Sí, pues eso.
    En definitiva, un informe que no vale para nada, porque para tratar un tema de ese calado hay que hacerlo con rigor y de común acuerdo con el resto de instituciones a las que se alude en el informe.

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